martes, 22 de noviembre de 2011
Un primer motivo que explica el auge actual de la evaluación es el cambio registrado en los mecanismos de administración y control de los sistemas educativos, que ha marchado paralelo a las propias transformaciones experimentadas por el sistema educacional en las últimas décadas. Los resultados de los procesos de evaluación pueden ser empleados con fines internos, de aprendizaje institucional y mejoramiento de calidad.
Un segundo fenómeno relacionado con el anterior se refiere a la creciente demanda social de información sobre la educación. Son muchos quienes creen que la educación ha funcionado a la manera de una caja negra, cuya opacidad impide saber qué ocurre en su interior. En el momento actual, dicha imagen resulta ampliamente insatisfactoria, siendo numerosas las voces que reclaman una mayor transparencia, El conocimiento del grado de logro de los objetivos de un sistema educativo es fundamental para hacer mejor uso de los recursos disponibles y para tomar las decisiones más adecuadas.
A esa exigencia social de información, derivada del interés que manifiestan las familias y los ciudadanos por la educación, se unen otros motivos relacionados con las condiciones económicas actuales. Se compartan o no las tesis de la Teoría del Capital Humano, no cabe duda de que la formación de las personas que participan en los procesos productivos constituye un factor fundamental para el desarrollo de los países. De ahí deriva una seria preocupación por conocer el estado y la situación del sistema educativo, por cuanto constituye la oferta formativa básica al servicio del conjunto de la población.
En la actualidad, los recursos dedicados a educación suponen una parte tan importante de los presupuestos nacionales que su ritmo de crecimiento no parece fácilmente sostenible. Existiendo una clara conciencia de que dichos recursos no son ilimitados y de que los efectos de su distribución y empleo no son indiferentes, es lógico que crezca la demanda de información acerca de cómo se utilizan y qué resultados producen. De ahí se deriva, asimismo, el desarrollo de diversos modelos de rendición de cuentas, bien sea a cargo de los poderes públicos, de los profesionales o de los consumidores, según se efectúe su regulación respectivamente por el Estado, la sociedad civil o el mercado (Kogan, 1986).
Hoy en día está claro que la "universidad, más que un fin en sí misma, es una institución cuya misión, quehacer y resultados deben estar al servicio del desarrollo armónico e integral del hombre y de la sociedad, por lo que en primer término debe responder y rendir cuenta a la comunidad nacional que la rodea y la sustenta" (Ramírez et al, 1993). Lo anterior conlleva necesariamente el que su quehacer sea evaluado como institución de educación superior que es. En la actualidad existe una justificada y creciente preocupación en relación con la garantía de la calidad, tanto de la universidad como institución, como de sus programas académicos.
Es en este contexto que surge la acreditación como un proceso por medio del cual un programa o institución educativa brinda información sobre sus operaciones y logros a un organismo externo que evalúa y juzga, de manera independiente, dicha información para poder hacer una declaración pública sobre el valor o la calidad del programa o de la institución.
La evaluación y la acreditación son procesos relacionados cuya práctica se entrecruza, ya que se acredita conforme y como consecuencia de un proceso de evaluación y seguimiento, sin embargo más que un diagnóstico que conduce a la acción por parte de la propia institución. La acreditación constituye una constancia de credibilidad por parte de la sociedad y del publico demandante de los servicios educativos.
La expresión educación superior (o enseñanza superior o estudios superiores) se refiere al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están después de la educación secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación superior (o título superior).
Por lo general el requisito de ingreso del estudiante a cualquier centro de enseñanza superior es tener 15 o 20 años como mínimo, lo que supone que se han completado la educación primaria y la educación secundaria antes de ingresar. Es común que existan mecanismos de selección de los postulantes basados en el rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de selección. Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, local o universitario. En otros sistemas, no existe ningún tipo de selección. Cabe destacar también que cada vez más instituciones de enseñanza superior permiten, o incluso animan, el ingreso de personas adultas sin que hayan tenido necesariamente éxito en la educación secundaria; esto se aplica sobre todo a las universidades abiertas
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Está bien que los egresados de una institución de alta calidad encuentren buenas posiciones, pero que el presidente se enorgullezca de mantener los privilegios de sus egresados informa que no le preocupa la falta de movilidad social en la sociedad colombiana. Esa despreocupación se expresó también en la reforma a la Ley 30, que abortó gracias a la movilización estudiantil y la crítica tanto de los rectores de la universidad pública como de la privada (incluyendo a Angulo).
Hoy está terminando bachillerato menos del 70% de la población en edad de hacerlo, de los cuales 30% entra a la universidad y 7% al Sena. De los que comienzan la universidad no termina el 50%, lo cual es una cifra vergonzosamente alta y dice mal de la atención a los estudiantes en las universidades, más descuidada en las públicas. Es también un enorme desperdicio de los recursos públicos, de los ahorros de las familias y del tiempo de los estudiantes.
La universidad pública selecciona estudiantes de acuerdo con el puntaje obtenido en los exámenes de admisión, lo que ha hecho que privilegie a los bachilleres de los mejores colegios del país, algo que se correlaciona con el estrato socio-económico de sus familias. Esto se condiciona porque muchas familias de estratos 5 y 6 no quieren enviar sus hijos a la universidad pública, que está cruzada por problemas presupuestales agudos, por frecuentes movilizaciones y conflictos y por la presencia de estudiantes de estratos inferiores. Las excepciones abundan en las facultades de medicina, artes y otras carreras en las que las universidades públicas de élite obtienen buenos resultados en los exámenes de Estado o Saber Pro.
Una de las consignas del movimiento estudiantil es a favor de una educación gratuita. Si se llegara a implementar, no enfrentaría el desigual acceso a la educación superior sino que lo agudizaría: familias que pueden pagar por la educación de sus hijos se verían exoneradas, mientras que los que requieren matrículas de 0 pesos pero además subsidios focalizados no los recibirían.
Reducir la desigualdad de acceso requiere ampliar los cupos del bachillerato y mejorar su calidad, expandir sustancialmente las universidades oficiales, remediar las falencias en lenguaje, matemáticas y ciencias de los estudiantes en desventaja y atacar a fondo la deserción: si es por causas académicas, focalizar los problemas con tutorías personalizadas; si es por razones económicas, entregar subsidios suficientes que mantengan a los muchachos estudiando.
Algunas universidades públicas manejan con desidia sus presupuestos, invierten en nuevas sedes o en relaciones públicas, antes de mejorar la calidad de sus programas y enfrentar la deserción. En esto el movimiento estudiantil debe convertirse en veedor.
Me parece sensata la meta propuesta por Andrés Hoyos, de alcanzar progresivamente un 1% del PIB destinado a la educación superior, sin renunciar a las matrículas de los que pueden pagarlas holgadamente y asignando los recursos en la forma más austera y eficiente posible.
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Daniel Cardona


